La organización indígena maneja seis ejes para mejorar la situación económica del país

Pese a que durante el diálogo que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) tuvo con el Gobierno, la noche del 13 de octubre, se estableció que juntos elaborarían un nuevo decreto de focalización de los subsidios a los combustibles, en la organización indígena afirman que hoy entregarán un paquete de propuestas que van más allá, pues dicen tener la solución a la crisis económica del país, pero que esta no incluye el alza de las gasolinas y el diésel.

Es que el diálogo entre la dirigencia indígena y las autoridades gubernamentales, que inició tras la paralización del país durante 11 días, no trascendió más allá de ese día, tampoco se elaboró un nuevo decreto de forma conjunta e incluso la propuesta de 182 organizaciones sociales, pues no trabajó solo la Conaie, no será entregada de forma directa al Gobierno, sino en manos de los mediadores, es decir la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, así lo informó Jaime Vargas, presidente de la Conaie.

Pero ¿cuál es la propuesta que la Conaie tiene para mejorar la situación económica del país? Vargas informó que prefiere que sea un secreto que solo lo puedan conocer, en una primera instancia, los mediadores. Sin embargo, algunos de sus compañeros esbozaron ciertos temas, como por ejemplo que incluye seis ejes, que no involucran la focalización de los subsidios a los combustibles, según señaló Leonidas Iza, vicepresidente de la organización.

Según Iza, el Gobierno primero deberá aplicar los seis ejes que la Conaie propone, antes de iniciar un proceso de focalización de los subsidios. Estos puntos incluyen: política fiscal, política monetaria, política crediticia, política sectorial, política de derechos sociales y el desarrollo de las actividades turísticas, este último se considera un eje fundamental para sacar de la crisis económica.

“El tema de subsidios no se debe tocar, si no se resuelve la estructura económica del país con estos ejes que hemos planteado, no se puede tocar. Si ponen de pretexto el tema de contrabando y que los ricos estén consumiendo el subsidio les decimos que más de USD 2 mil millones se dirige a mantener a la Policía y los militares, entonces que les exijan que hagan el trabajo de control en la frontera, que se garantice o se mejore la parte tecnológica para identificar a quienes hacen el contrabando”, dijo Iza.

El dirigente señaló que la focalización, para que los ricos no se benefician de los subsidios a las gasolinas y al diésel, debe estar encaminada al aumento del Impuesto a la Renta para “los más ricos” y que el Impuesto Único a las empresas que ganan más de USD 1 millón, propuesto por el Gobierno en la reforma tributaria que se encuentra en la Asamblea, no sea de hasta el 0,20%, sino del 4%.

¿Qué pasará si el Gobierno incluye el aumento de los combustibles en la Proforma Presupuestaria que remitirá mañana a la Asamblea? Iza advirtió que esto será irse “nuevamente en contra del pueblo, entonces el pueblo reaccionará, nosotros no nos hacemos cargo de una decisión irresponsable del Gobierno”, advirtió.

Se intenta ocultar a las víctimas

Organizaciones de sociales presentaron ayer su Informe de verificación sobre Derechos Humanos durante el paro nacional y levantamiento indígena del 3 al 13 de octubre de 2019 en Ecuador, en el que señalaron que existe por parte del Gobierno interés por ocultar a las víctimas producto de la violencia de las fuerzas del orden, limitaciones en el acceso a la justicia y restricciones a la información pública.

“Manifestamos nuestra preocupación por los hallazgos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como muertes, heridas graves y discapacidades que tuvieron lugar tras la represión por parte de la fuerza pública, las que se han buscado ocultar”, dijo Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU).

Aunque el documento en su mayoría no contiene cifras, Ana Vera, de la fundación Surkuna, denunció que se dieron varios casos de detenciones arbitrarias, al 55% de las personas se las retuvo sin cargos y al 16% se las liberó sin nunca haber sido juzgados, es decir que no se encontraron pruebas en su contra.

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